El pasado 20 de abril, el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), Raymundo Atanacio Luna, exdiputado federal de Morena, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil ITEBIO A.C., representada por Rafael Zabalza, con el propósito de impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales.
Este acuerdo fue difundido por la propia universidad como una estrategia para fortalecer la vinculación institucional mediante actividades de investigación, capacitación y desarrollo. Sin embargo, la relevancia del convenio ha resurgido tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como el presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si el representante de ITEBIO A.C. y el detenido son la misma persona, aunque diversos reportes periodísticos los vinculan. Además, medios locales han documentado que Rafael Z. fue durante años un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, un dato que añade complejidad al contexto del caso.
Es importante destacar que al momento de la firma del convenio no existía una investigación pública en contra de Rafael Z., pero el caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos con los que cuentan las instituciones públicas para evaluar la vigencia de sus convenios cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos de alto impacto.
Hasta hoy, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el convenio ni ha informado si éste permanecerá vigente o será objeto de revisión ante los acontecimientos recientes.
Este episodio abre una discusión necesaria sobre la conveniencia de establecer protocolos claros para evaluar la continuidad o suspensión de convenios institucionales, con el fin de preservar la confianza pública y el prestigio de las instituciones, sin perder de vista el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
En un contexto donde la transparencia y la responsabilidad social deben ser pilares fundamentales de las instituciones públicas, resulta indispensable que se fortalezcan los controles y se garantice que la colaboración académica y cultural no se vea comprometida por vínculos cuestionables, especialmente en un estado como Puebla, donde la justicia social y la rendición de cuentas siguen siendo demandas urgentes.