La popularidad alcanzada por el Pato Merlín durante el Mundial de Futbol 2026 no solo generó oportunidades laborales y un ingreso adicional para su familia, sino que también les permitió acceder a una vivienda propia, un derecho fundamental que hasta entonces les había sido negado.
Este viernes 10 de julio, Karla Gómez, dueña del famoso patito mundialista, compartió en la conferencia matutina conocida como La Mañanera su experiencia y agradecimiento hacia las autoridades que facilitaron este logro. “Ya tenemos casa. Nosotros vivíamos en un local sobre Vértiz y Arcos de Belén. No decíamos esto por temor a que la Delegación nos la pudiera quitar, entonces siempre dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto”, relató la comerciante.
La revelación de que la familia había habitado un espacio no destinado para vivienda desató críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la legalidad de su situación. Algunos usuarios interpretaron que la vivienda otorgada era un pago por su presencia en la conferencia, una acusación que no ha sido confirmada.
Karla Gómez explicó que la casa fue adquirida a crédito mediante un programa de vivienda de la Ciudad de México, con el apoyo directo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada. “Un buen día Dios me la puso de camino y fue cuando usted me pidió, me preguntó si necesitaba algo. Le comenté mi situación, le enseñé las fotos de donde vivíamos, dónde nos bañábamos y demás, usted nos dijo que nos iba a poder ayudar y eso fue real, nos ayudó”, afirmó.
Sheinbaum confirmó que fue ella quien se acercó a Karla para ofrecerle apoyo cuando la familia Gómez acudió a La Mañanera con el Pato Merlín. Posteriormente, la presidenta gestionó con Clara Brugada el respaldo necesario para que la familia pudiera iniciar los trámites ante el Instituto de Vivienda (INVI), institución encargada de otorgar la vivienda a crédito.
Este caso pone en evidencia las carencias habitacionales que persisten en la capital y la importancia de programas públicos que garanticen el derecho a una vivienda digna, especialmente para quienes han sido históricamente marginados. La intervención directa de autoridades comprometidas con la justicia social puede marcar la diferencia en la vida de familias vulnerables, un ejemplo que debería replicarse con mayor alcance y transparencia.