La Fiscalía General del Estado de Puebla ha intensificado la búsqueda internacional de Diana Alejandra Palafox Romero y su hijo, Carlos Quezada Palafox, señalados como presuntos responsables en la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, tras un procedimiento estético en la Clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta. Para ello, obtuvo una orden de aprehensión y activó una ficha roja de Interpol, medida que refleja la gravedad y el alcance del caso.
Blanca Adriana, de 37 años, ingresó el 18 de mayo a la clínica para someterse a una liposucción MicroAire con Endolifting. Según la investigación, horas después del procedimiento, el personal envió a su esposo a comprar medicamentos, vendas y una faja; al regresar, encontró el inmueble vacío y sin respuesta en los teléfonos del establecimiento.
El caso dio un giro crucial cuando la familia entregó un video que presuntamente muestra a dos personas sacando a Blanca Adriana inconsciente del lugar. Días después, su cuerpo fue hallado en un canal de agua en Altzayanca, Tlaxcala, confirmando la Fiscalía de ese estado que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de una depresión del sistema nervioso central por exceso de anestesia.
Las investigaciones revelan que Diana Alejandra Palafox Romero operaba sin cédula profesional y ofrecía procedimientos estéticos y ginecológicos de alto riesgo a bajo costo, incluyendo liposucciones, endolifting, aplicación de Botox e implantes hormonales. Además, se indaga un presunto esquema de usurpación de identidad profesional y falsificación de documentos, pues habría utilizado una cédula profesional ajena y una constancia académica apócrifa para acreditar su preparación.
Tras los cateos en la clínica, las autoridades detectaron la eliminación de publicaciones, fotografías y videos en redes sociales vinculadas al establecimiento, aunque continúan integrando pruebas para fortalecer el caso.
Hasta este jueves 9 de julio de 2026, Diana Alejandra Palafox Romero, su hijo y una colaboradora identificada como Karen permanecen prófugos, mientras la Fiscalía mantiene activa la búsqueda con apoyo internacional. Este caso expone la vulnerabilidad de quienes recurren a servicios médicos informales y la necesidad de fortalecer la regulación y supervisión en el sector salud, especialmente en procedimientos estéticos que, sin la debida profesionalización, pueden costar vidas.