El pasado 14 de abril de 2025, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Secihti), adjudicó un contrato por cinco millones de pesos a la empresa Rocketel SAPI para el diseño y fabricación del coche Olinia, un proyecto que se había anunciado como una iniciativa local en Puebla. Sin embargo, la empresa beneficiaria tiene su sede en Mérida, Yucatán, en una dirección que corresponde a una casa habitación, lo que genera dudas sobre la capacidad técnica y el origen del desarrollo.
Rocketel SAPI es una compañía dedicada a la telefonía celular, cuyo socio mayoritario, Adrián Aguirre Palme, reside en Park City, Utah, donde posee una empresa que fabrica elevadores para esquí. Esta información contrasta con la narrativa inicial del proyecto Olinia, que se presentó como un esfuerzo conjunto de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Puebla, orientado a fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico local.
El domicilio oficial de Rocketel, ubicado en Calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, Mérida, Yucatán, no corresponde a un laboratorio o centro de pruebas industriales, sino a una vivienda particular, lo que añade cuestionamientos sobre la transparencia y la idoneidad del proceso de adjudicación.
Al solicitar información sobre los montos gastados, las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones técnicas y tiempos de producción, la Secihti se negó a proporcionar detalles, argumentando que revelar dicha información podría afectar la “ventaja competitiva” del proyecto.
Este caso pone en evidencia las contradicciones entre la promesa de un desarrollo tecnológico local y la realidad de contratos otorgados a empresas con poco vínculo con la región y el sector automotriz. En un contexto donde la movilidad sustentable y accesible es una necesidad urgente para las ciudades mexicanas, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla representan alternativas concretas para mejorar el transporte público, siempre que se garantice la transparencia y el beneficio social en su implementación.
La experiencia del Olinia subraya la importancia de que los proyectos públicos de innovación tecnológica estén alineados con los principios de justicia social y desarrollo regional, evitando la captura por intereses corporativos ajenos a las comunidades que deberían beneficiarse directamente.