El ex regidor de Morena y ex asesor legislativo, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, fue arrestado el miércoles 8 de julio de 2026 en la colonia La Venada, Guanajuato, tras ser acusado de agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, actual regidora morenista en el ayuntamiento de esa ciudad.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad municipal, el reporte llegó cuando vecinos alertaron sobre un hombre golpeando a una mujer dentro de un vehículo en la placita de la colonia. Los oficiales que acudieron al lugar escucharon a un menor de edad gritar que su padre estaba golpeando a su madre. Alrededor de diez personas se congregaron y señalaron a Aguayo Arredondo como responsable de la agresión frente al niño.
Al solicitar que descendieran del automóvil, la regidora indicó que no requería atención médica, mientras que el ex regidor se mostró agresivo e intentó agredir a los policías, por lo que fue detenido. Posteriormente, Celia Carolina y el menor fueron canalizados al área de trabajo social para su atención y posterior traslado al Ministerio Público.
Este episodio se suma a un historial polémico de Aguayo Arredondo, quien en marzo de 2025 fue objeto de un exhorto del Congreso de Guanajuato para que el Instituto Nacional Electoral revisara su candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito. Esto debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en perjuicio del Poder Legislativo.
Durante la legislatura 2015-2018, Aguayo fungió como asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Alejandro Landeros, y aprovechó su posición para desviar recursos públicos mediante facturas y firmas falsas, según denunciaron diputados del PAN. Se documentó que creó empresas fantasma y registró ilegalmente a ex compañeros universitarios en el SAT para emitir facturas apócrifas y sustraer fondos del Congreso estatal.
Además, se reveló que intentó sobornar al Congreso local con 50 mil pesos para silenciar el caso, oferta que fue rechazada. El juicio concluyó el 16 de marzo de 2022 con un acuerdo reparatorio en el que Aguayo se comprometió a devolver 273 mil pesos en cuatro pagos.
Este nuevo incidente pone en evidencia la persistencia de conductas violentas y corruptas en actores políticos que, bajo la bandera de Morena, han tenido acceso a cargos públicos. La justicia social y la defensa de los derechos colectivos exigen que estos casos no queden impunes y que se garantice la protección de las víctimas, especialmente cuando están involucrados menores de edad.