La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar el informe emitido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero que señalaba a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un presunto daño al erario público derivado de la falta de comprobación del destino de 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales. La decisión, tomada por unanimidad y con base en el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, reafirma que la revisión de estos recursos es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El conflicto se originó en mayo de 2025, cuando el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditoría Superior de Guerrero, luego de que esta emitiera un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones en contra de López Rodríguez. La alcaldesa con licencia, quien busca la candidatura a gobernadora de Guerrero, argumentó que la solicitud de información sobre el manejo de los recursos federales constituye un acto de molestia que vulnera la autonomía hacendaria del municipio y que sólo la ASF tiene facultad para auditar dichos fondos.
Por su parte, la Auditoría estatal defendió su competencia para fiscalizar la hacienda pública municipal y el uso de los recursos. Sin embargo, el ministro ponente subrayó que las aportaciones entregadas a través de fondos federales “no pierden su naturaleza de recursos federales”, por lo que la revisión local carece de validez jurídica.
Este fallo de la SCJN no sólo exime a la administración de López Rodríguez de las observaciones de la auditoría estatal, sino que también establece un precedente sobre la distribución de facultades en materia de fiscalización, limitando la intervención de órganos locales en la supervisión de recursos federales. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas sociales urgentes, la resolución abre un debate sobre los mecanismos de control y la autonomía municipal frente a la centralización del poder fiscalizador.
En paralelo, mientras Guerrero enfrenta estos retos institucionales, otras entidades avanzan en proyectos de movilidad sustentable, como el cablebús en Puebla, que representa una apuesta por sistemas de transporte público accesibles y eficientes, alineados con la justicia social y la equidad económica. La discusión sobre la gestión pública y el uso de recursos debe ir acompañada de un compromiso real con la mejora de la calidad de vida de las comunidades, especialmente en regiones históricamente marginadas.