Este lunes 6 de julio de 2026, un tribunal de la provincia de Jiangsu, en el este de China, dictó pena de muerte contra Yang Youlin, ex alto funcionario del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing, por aceptar sobornos que superan los 2 mil 214 millones de yuanes, equivalentes a 308.7 millones de dólares. Además, fue declarado culpable de otros delitos económicos como malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou calificó la cuantía de los sobornos como “especialmente enorme” y destacó el “impacto social especialmente negativo” del caso, que causó pérdidas graves a los intereses del Estado y de la ciudadanía. La sentencia incluye la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación total de sus bienes personales, que serán entregados al Tesoro estatal junto con los rendimientos generados. Las cantidades pendientes de recuperación continuarán siendo reclamadas.
Según el fallo, entre 1993 y 2023, Yang Youlin utilizó sus cargos en organismos de desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo de Nanjing para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y circulación de fondos, a cambio de cuantiosos sobornos.
Aunque el exfuncionario colaboró aportando información sobre otros delitos cometidos por terceros, la corte consideró que esta cooperación no justificaba una reducción de la pena. En China, las condenas a muerte suelen ser suspendidas por dos años y conmutadas por cadena perpetua si el condenado no reincide, pero las penas sin suspensión se reservan para casos de extrema gravedad, como el presente.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, la campaña anticorrupción ha sido una prioridad del Partido Comunista de China, alcanzando a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales. Este caso ejemplifica la persistencia de prácticas corruptas en sectores clave del desarrollo económico, y la severidad con que el Estado busca sancionarlas para preservar el interés colectivo y la justicia social.