La tarde del miércoles 24 de junio de 2026, Abel Elías, enfermero de 35 años del IMSS, fue ejecutado a balazos en la colonia Antonio Rosales de Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió alrededor de las 14:50 horas sobre la avenida Río Petatlán, entre Tepuche y Francisco Zarco, cuando autoridades recibieron el reporte de una persona vestida con uniforme blanco de enfermero que había sido asesinada.
Abel Elías había sido detenido apenas cinco días antes, el viernes 19 de junio a las 15:00 horas, en el checador del hospital, acusado de sustraer cuatro cajas de tenecteplasa, un medicamento trombolítico de alto valor utilizado en emergencias para tratar infartos y accidentes cerebrovasculares. Cada caja de este fármaco, esencial para salvar vidas, tiene un costo aproximado de 120 mil pesos.
A pesar de la gravedad de la acusación, Elías llevaba su proceso en libertad, un dato que se desconocía hasta que fue asesinado. En la clínica del IMSS número 1 en Culiacán se han intensificado operativos y filtros para evitar el robo de medicamentos, lo que evidencia la problemática persistente en el sistema de salud pública.
Este caso pone en evidencia la compleja situación que enfrentan los trabajadores de la salud en contextos de precariedad y violencia, así como la urgente necesidad de garantizar la seguridad y el acceso a medicamentos vitales para la población. La impunidad y la violencia se entrelazan en un círculo que afecta tanto a quienes laboran en el sector público como a quienes dependen de estos servicios.
En un país donde la salud pública se encuentra constantemente amenazada por la corrupción y el desabasto, la protección de los recursos médicos y la integridad de su personal deben ser prioridad para las autoridades. La justicia social exige no solo castigar los delitos, sino también atender las causas estructurales que los originan.