El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta una nueva controversia tras la difusión de un video en el que se observa a un grupo de personas disfrutando de un concierto desde una unidad del sistema de transporte público estatal. El material, atribuido a un video de El Heraldo de México y viralizado en redes sociales, ha generado críticas por el supuesto uso privado de infraestructura pública para fines recreativos.
La acusación central señala que el mandatario habría utilizado una unidad del transporte público como un palco exclusivo, acompañado de amigos e invitados, lo que ha sido calificado por algunos usuarios como un acto de corrupción. “Corrupción es hacer uso privado de recursos públicos”, se lee en una de las publicaciones que cuestionan la legitimidad de esta acción.
Este señalamiento cobra relevancia en un contexto donde la administración estatal ha puesto al transporte público como uno de los ejes principales de su gestión. En las últimas semanas, el gobierno de Nuevo León ha promovido la expansión de las líneas del Metro, las pruebas del monorriel y programas de movilidad vinculados al Mundial de Fútbol 2026. Además, García anunció que durante los partidos mundialistas se ofrecerá transporte público y Metro gratuitos para facilitar la movilidad de los aficionados hacia el estadio y las zonas de convivencia.
Hasta el momento, no se han presentado datos oficiales que confirmen costos extraordinarios derivados del evento ni que el servicio regular haya sido suspendido para destinarlo exclusivamente al gobernador y su grupo. Sin embargo, la falta de transparencia alimenta la desconfianza sobre el uso adecuado de los recursos públicos.
Esta no es la primera ocasión en que Samuel García enfrenta críticas por actividades sociales o recreativas en espacios públicos o privados. En años recientes, videos de reuniones y apariciones en áreas VIP han sido motivo de cuestionamientos por parte de la oposición, que denuncia un distanciamiento entre la imagen pública del mandatario y las demandas sociales de justicia y equidad.
En un país donde la movilidad urbana es un derecho colectivo y un desafío constante, la polémica pone en evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso equitativo a los servicios públicos, especialmente cuando se trata de infraestructura que debe beneficiar a toda la población y no a grupos selectos.