Cuatro usuarios presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de incumplir la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025. La legislación prohíbe el uso de términos como «comprar» o «propiedad» sin aclarar que los juegos digitales son licencias revocables, no bienes de propiedad definitiva.
La controversia surge en un contexto de creciente descontento global por el cierre de servidores que deja inaccesibles títulos por los que los consumidores pagaron el precio completo. Un caso emblemático es el de Destruction AllStars, juego exclusivo de PS5 lanzado en 2021, cuyos servidores fueron cerrados en mayo de 2026. Actualmente solo queda disponible un modo para un jugador, que desaparecerá el 25 de noviembre de 2026, dejando el juego completamente inutilizable.
Este fenómeno se intensificó desde 2023, cuando Ubisoft desconectó los servidores de The Crew, lo que motivó la creación de la ley AB 2426 por iniciativa de la asambleísta Jacqui Irwin. Además, ha impulsado el movimiento internacional Stop Killing Games, que exige a las editoras garantizar el acceso a sus juegos mediante parches que permitan servidores privados o modos desconectados.
La demanda contra Sony se suma a otros litigios que la compañía enfrenta en 2026. Entre ellos destaca un acuerdo preliminar por 7.85 millones de dólares en un caso antimonopolio (Caccuri v. Sony), que acusa a PlayStation de inflar precios al prohibir la venta de códigos digitales en tiendas minoristas entre 2019 y 2023. También se formalizó en mayo una querella por sobreprecios en hardware, donde se acusa a Sony de no trasladar a los consumidores las devoluciones de aranceles aduaneros durante la crisis logística.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar la terminología en su tienda digital para reflejar la naturaleza de licencia de sus productos, este caso podría sentar un precedente para la industria del entretenimiento digital, exigiendo mayor honestidad y protección a los derechos de los usuarios frente a la caducidad implícita de las bibliotecas virtuales.