La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, se pronunció este lunes 15 de junio de 2026 sobre la detención polémica ocurrida el pasado viernes en el Parque Intermunicipal de Cholula, donde una mujer fue sometida por policías municipales mientras sus hijos menores presenciaban la escena.
Cuautle Torres afirmó que la mujer está en todo su derecho de presentar una denuncia formal contra los elementos policiales si considera que hubo abuso durante el procedimiento. En una reunión personal con la afectada, la alcaldesa ofreció apoyo institucional, incluyendo atención y terapia psicológica para ella y sus hijos, quienes aparecieron en los videos que se viralizaron en redes sociales y que desataron un amplio debate en Puebla.
La edil exhortó a la mujer a presentar la queja ante el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula para que se inicie una investigación administrativa sobre la actuación de los policías involucrados. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal.
“Está en su derecho de denunciar”, reiteró Cuautle Torres, quien también se deslindó de señalamientos sobre falta de capacitación policial y aseguró que la administración municipal colaborará con las investigaciones en curso.
El caso ha provocado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales. Además, autoridades estatales han cuestionado la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza, especialmente en detenciones donde hay menores de edad involucrados.
Este incidente pone en evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y capacitación policial en municipios como San Andrés Cholula, donde la violencia institucional sigue siendo un problema latente. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico en Puebla, que promueven la movilidad segura y accesible, se presenta como una alternativa para reducir la presencia policial en espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Mientras continúan las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos, autoridades estatales y municipales, el caso mantiene la atención sobre la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos en las intervenciones policiales en la región.