Este martes 9 de junio de 2026, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó en el Congreso del Estado de Puebla dos iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la protección del patrimonio de las y los poblanos frente a modalidades delictivas que han cobrado relevancia en la entidad.
La primera reforma busca sancionar con penas de prisión a empleados de instituciones bancarias que, desde su posición, colaboren o proporcionen información a grupos delictivos para la comisión de robos contra cuentahabientes, especialmente en casos conocidos como “salideras bancarias”. Suriano Corrales destacó que estos delitos suelen implicar complicidad interna, por lo que resulta indispensable cerrar ese vacío legal que permite la impunidad. Además, la propuesta incluye responsabilidades para personal de seguridad privada que facilite o participe en estos actos ilícitos.
En un contexto donde Puebla ha registrado múltiples asaltos a personas que retiran efectivo en bancos, esta iniciativa representa un paso hacia la justicia social al buscar proteger a quienes, en su vida cotidiana, enfrentan riesgos derivados de la violencia estructural y la corrupción institucional.
La segunda propuesta presentada tipifica el delito de “montachoques”, una práctica que consiste en provocar accidentes viales intencionales para extorsionar a conductores mediante amenazas y exigencias de pagos inmediatos. La diputada planteó sanciones que van de dos a ocho años de prisión para quienes incurran en esta modalidad de extorsión, con el objetivo de cerrar lagunas legales que dificultan la persecución penal de estos actos.
Esta iniciativa responde a denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales que evidencian la frecuencia de estos fraudes en zonas urbanas, afectando la seguridad y tranquilidad de los automovilistas poblanos.
Ambas propuestas serán turnadas a comisiones para su análisis y eventual discusión en el Pleno del Congreso del Estado. En un momento en que la inseguridad golpea con fuerza a las familias trabajadoras, estas medidas legislativas buscan fortalecer el marco jurídico para garantizar justicia y protección frente a delitos que vulneran el patrimonio colectivo.
Este esfuerzo legislativo se inscribe en la necesidad de construir un sistema de seguridad pública que no solo castigue a los delincuentes, sino que también combata las redes de complicidad que permiten la reproducción de la violencia y la desigualdad en Puebla.