El régimen chavista informó este lunes 6 de julio de 2026 que la cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3 mil 535 personas, un aumento respecto al reporte previo de 3 mil 342 muertos dado a conocer el domingo. Los heridos se mantienen en 16 mil 740, según el comunicado oficial.
No obstante, el gobierno de Delcy Rodríguez ha evitado ofrecer datos claros sobre el número de desaparecidos, un tema que ha generado preocupación internacional. La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50 mil las personas no localizadas tras el desastre, mientras que algunas proyecciones independientes sugieren una cifra cercana a 10 mil. Esta disparidad refleja la opacidad y falta de transparencia del régimen en la gestión de la crisis.
En el estado La Guaira, vecino de Caracas y la región más afectada por los sismos, la búsqueda de cuerpos continúa en medio de la ausencia de apoyo gubernamental efectivo. El domingo 5 de julio, las autoridades comenzaron a enterrar a más de 150 víctimas no identificadas en el municipio Catia La Mar.
En el cementerio La Esperanza, las tumbas de los fallecidos sin identificar están marcadas con piedras blancas y pequeñas cruces con la inscripción “Identificación especial” junto con la fecha del deceso, 24 de junio de 2026. Este acto, aunque necesario, evidencia la magnitud de la tragedia y la precariedad en la que se encuentran las familias afectadas, que luchan por un entierro digno para sus seres queridos.
Este desastre natural pone en evidencia, una vez más, las deficiencias estructurales y la falta de políticas públicas adecuadas para la protección y atención de la población en Venezuela, un país que enfrenta además la crisis política y social derivada del autoritarismo y la corrupción. La ausencia de un plan integral de emergencia y la opacidad en la información oficial agravan el sufrimiento de miles de familias que aún buscan respuestas y justicia.