Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), evidencian que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 esa dependencia efectuó tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años funge como ejecutor de obra pública en Sinaloa, realizó los pagos desde una cuenta de Banorte a nombre de la propia entidad. Sin embargo, los registros contables describen las transferencias únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido.
Ahavat Logistics Solution no figura en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que justifiquen públicamente estos pagos.
Esta empresa, constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, obtuvo en junio de 2020 un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de México, reportó como dirección operativa un edificio en Guadalajara, donde también ha operado Jomadi Logistics & Cargo, otra firma identificada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el CJNG.
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel. En marzo de 2020, firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para un intercambio de petróleo crudo venezolano por gasolina, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible, según reveló Reuters en mayo de ese año.
El acta constitutiva de Ahavat Logistics Solution, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como administrador único a J. Refugio Ruiz Villagómez, quien también aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes.
FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, así como de pagar cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. El documento señala que, según investigaciones de la Fiscalía General de la República, Jomadi está involucrada en huachicol fiscal y que ambas empresas han realizado transacciones financieras por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG.
Este caso pone en evidencia la persistencia de redes criminales infiltradas en contratos y pagos públicos, un fenómeno que demanda mayor transparencia y control en la administración estatal para evitar que recursos públicos financien actividades ilícitas que afectan la seguridad y el bienestar colectivo.