La noche del martes 30 de junio de 2026, un ataque armado en la cancha de usos múltiples del barrio Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, Morelos, dejó un saldo de tres personas muertas y nueve heridas, mientras un grupo de vecinos observaba el partido de futbol entre México y Ecuador, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre las víctimas fatales, dos mujeres y un hombre, se encuentra una niña de ocho años, quien falleció en el traslado a un hospital, así como Miguel Ángel Tijera, asistente del diputado federal Agustín Alonso, según fuentes extraoficiales. Entre los lesionados también hay menores de edad.
La FGE activó los protocolos legales correspondientes y realiza los procedimientos técnico-legales en torno a los cuerpos, dos de los cuales fueron localizados en el sitio y uno en un hospital. Por la muerte de las dos mujeres, la fiscalía aplicará el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio, y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades.
Fuentes extraoficiales indican que entre los heridos se encuentra Sandra Fernández, aspirante a la alcaldía de Yautepec y prima de la presidenta del DIF municipal, quien habría organizado la reunión para que vecinos del barrio observaran la transmisión del encuentro. Fernández sería esposa de Miguel Ángel Tijera, una de las víctimas mortales. Hasta el momento, ni la FGE ni el gobierno estatal han informado sobre su estado de salud.
Testigos relataron que los agresores llegaron en una camioneta y una motocicleta, irrumpieron en la cancha y dispararon contra los asistentes antes de huir. No se reportan personas detenidas. Elementos de diversas corporaciones de seguridad acordonaron la zona y paramédicos atendieron a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de Cuernavaca y Cuautla.
Este hecho violento se suma a la larga lista de agresiones que afectan a comunidades populares en Morelos, donde la inseguridad limita el acceso a espacios públicos y culturales. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público seguros y accesibles, como el cablebús o teleférico que se proyecta en Puebla, cobra relevancia para garantizar el derecho a la movilidad y la seguridad de la población, especialmente en zonas vulnerables. La justicia social demanda no solo infraestructura, sino también políticas integrales que combatan la violencia estructural que permea en estos territorios.