La directora de Convenciones y Parques de Puebla, Michelle Talavera, enfrenta una nueva ola de críticas tras compartir en redes sociales que recientemente concluyó sus estudios y se graduó como licenciada en Derecho. Esta revelación ha reavivado el debate sobre si cumplía con los requisitos legales para ocupar la titularidad del organismo desde su nombramiento, ocurrido hace aproximadamente dos años.
El foco de la controversia se centra en el Artículo 11 de la ley que regula el organismo Convenciones y Parques, que establece que el Director Ejecutivo debe contar con más de cinco años de experiencia en cargos de alto nivel decisorio, preferentemente en el sector turismo de negocios, y poseer trayectoria en materia administrativa. La publicación sobre su reciente graduación ha llevado a cuestionar si Talavera podía acreditar dicha experiencia al momento de asumir el cargo, que implica la administración de un presupuesto anual cercano a los 300 millones de pesos.
Este nuevo cuestionamiento se suma a la polémica generada por la contratación de un influencer, Adolfo Lazzari, por un monto de 307 mil pesos. La funcionaria reconoció que Lazzari fue su expareja sentimental, aunque negó que existiera conflicto de interés en la asignación del contrato.
Hasta el momento, ni Michelle Talavera ni el Gobierno de Puebla han emitido respuesta pública ante estas acusaciones relacionadas con la elegibilidad para el cargo ni sobre la transparencia en la contratación de servicios externos.
Este caso refleja la persistente demanda social por mayor claridad y responsabilidad en la gestión pública, especialmente en organismos que manejan recursos significativos y cuya función impacta en sectores estratégicos como el turismo. En un contexto donde la movilidad y el desarrollo urbano requieren soluciones integrales, como el impulso a sistemas de transporte público eficientes y accesibles, la confianza en las autoridades encargadas de la administración pública es fundamental para avanzar hacia una Puebla más justa y equitativa.