Este miércoles 10 de junio de 2026, integrantes del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), conocidos como “naranjitas”, se manifestaron frente al Palacio Municipal de Puebla para exigir la destitución de Salvador Pérez Xilotl, dirigente del sindicato Ricardo Flores Magón.
Los trabajadores denunciaron que la actual dirigencia carece de legitimidad jurídica y acusaron al presidente municipal, José Chedraui, y a sus funcionarios de intervenir y proteger a Pérez Xilotl, a pesar de la falta de legalidad vigente. “Estamos en contra del presidente actual y sus funcionarios, que son unos corruptos. Su sindicato sí existe, pero el líder ya no. Esa es nuestra inconformidad”, declaró una representante de los inconformes.
Entre las principales demandas, los “naranjitas” exigieron que se detenga cualquier intromisión en la vida interna del sindicato y denunciaron que la dirigencia mantiene retenidos recursos que afectan directamente el patrimonio familiar de los trabajadores. Ante esta situación, informaron que ya existen demandas formales en curso, presentadas el pasado 26 de mayo, y que el caso está en manos de sus abogados para frenar los abusos.
Además, advirtieron que, de no recibir una respuesta clara por parte del Ayuntamiento de Puebla, continuarán con mesas de diálogo y movilizaciones en los próximos días.
Los manifestantes también denunciaron un presunto contubernio entre el presidente municipal y actores políticos del PAN para mantener el control del sindicato. Señalaron a Jorge Morales Galindo, miembro activo del PAN, como el vínculo que sostiene acuerdos con la administración de Morena. Morales Galindo, según el sindicato Ricardo Flores Magón, recibe dos sueldos: uno como analista consultivo por 19 mil 700 pesos mensuales y otro como apoderado legal del grupo de Salvador Pérez Xilotl, cuyos honorarios se pagan con los descansos de las trabajadoras de limpia.
Este conflicto sindical refleja las tensiones políticas y sociales que atraviesan los servicios públicos en Puebla, donde la lucha por la justicia laboral se entrelaza con la disputa por el poder político local. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico, que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población, cobra relevancia como parte de una agenda de desarrollo urbano que debe ir acompañada de respeto a los derechos laborales y la transparencia en la gestión pública.