El próximo jueves 28 de mayo de 2026 inicia en el juzgado de lo Penal de Zamora el juicio contra Pedro G., un ganadero de 60 años acusado de homicidio imprudente tras el ataque mortal de sus perros a Arancha C., una joven de 27 años. El suceso ocurrió el 24 de octubre de 2023 en los alrededores de Roales del Pan, un pequeño municipio de mil habitantes en Zamora, cuando la víctima salió a correr con su perro y fue atacada por siete canes sueltos que custodiaban el rebaño del pastor.
Arancha C., auxiliar de enfermería que vivía con sus padres en Roales del Pan, alertó por teléfono a su madre durante el ataque, pero falleció a causa de más de 100 mordeduras antes de que llegaran los servicios sanitarios. La Fiscalía reclama dos años y medio de prisión para Pedro G., mientras que la familia de la víctima exige cuatro años y una indemnización de 250,000 euros.
La Guardia Civil asumió la investigación y detuvo al ganadero, quien se negó a declarar. Los perros —tres mastines, dos pastores alemanes y dos crías— fueron sacrificados tras ser custodiados por los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León.
Vecinos de Roales del Pan y La Hiniesta, donde se encuentra la explotación ganadera del acusado, relataron a EL PAÍS que los perros estaban habitualmente sueltos y causaban molestias y daños a caminantes, deportistas y agricultores. “Era cuestión de tiempo”, afirmó un residente, mientras otros recordaron ataques previos, como la muerte de un perro pequeño en el frontón del pueblo.
El caso pone en evidencia la responsabilidad del ganadero en el control de animales potencialmente peligrosos, especialmente ante un historial de incidentes previos. Según fuentes de la investigación, los perros no estaban adecuadamente cercados ni controlados, y el pastor no se encontraba en el lugar al momento del ataque. Inicialmente, Pedro G. fue ingresado en prisión provisional por el riesgo de reincidencia, pero quedó en libertad tras un recurso judicial.
Durante el juicio declararán el acusado, la familia de Arancha, peritos y agentes de la Guardia Civil, quienes relatarán que los perros atacaron incluso a los policías al llegar al lugar. Este caso pone en el centro del debate la negligencia en el manejo de animales peligrosos y la necesidad de proteger a las comunidades rurales frente a riesgos evitables.