La mañana de este miércoles 20 de mayo, un ciclista fue arrollado por una unidad del transporte público de la Ruta M1 en la avenida 24 Sur, frente al establecimiento Little Caesars Xilotzingo, en la ciudad de Puebla. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de la persona lesionada.
Este lamentable incidente es solo un ejemplo más de la crisis que enfrenta el sistema de transporte público en Puebla, donde diariamente se reportan accidentes que involucran a peatones, ciclistas y conductores. La falta de regulación efectiva, el uso de vehículos obsoletos —popularmente conocidos como “combis”— y la presión económica sobre los choferes para entregar cuentas cada vez más altas, generan condiciones propicias para la imprudencia y el peligro constante en las calles.
El modelo de transporte público basado en concesiones individuales y competencia por pasaje, instaurado desde finales del siglo XX, ha demostrado ser ineficiente y riesgoso. En lugar de priorizar la movilidad segura y el acceso universal, perpetúa una lógica de precarización laboral y riesgos colectivos. Las víctimas no son solo los usuarios directos; cualquier persona que transite por la ciudad está expuesta a este sistema disfuncional.
Si Puebla aspira a consolidarse como una de las ciudades más importantes y progresistas del país, urge replantear de raíz su modelo de movilidad. La implementación de sistemas de transporte público modernos, seguros, regulados y enfocados en el bien común es una necesidad impostergable para garantizar el derecho a la ciudad, la seguridad vial y la justicia social.
Los constantes accidentes nos recuerdan que la movilidad no puede seguir siendo mercancía ni privilegio: debe ser un derecho colectivo, garantizado por el Estado y supervisado con rigor. Los intereses corporativos y la desregulación no pueden seguir teniendo prioridad sobre la vida y la integridad de los ciudadanos.