Elementos federales, entre ellos la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina, aseguraron aproximadamente 900 kilogramos de presunta cocaína en un inmueble ubicado en San Diego Xocoyucan, Tlaxcala.
La operación, realizada el lunes 22 de junio de 2026, fue resultado de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y se llevó a cabo mediante una orden de cateo autorizada por un juez federal, tras reportes de actividad ilícita en la zona.
Durante la inspección, las autoridades decomisaron 900 paquetes de droga, seis armas largas, cartuchos y equipo táctico. El inmueble y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes, mientras se esperan los peritajes definitivos del Centro Federal Pericial Forense sobre la sustancia asegurada.
Este golpe a la delincuencia organizada refleja la persistente lucha del Estado contra las redes de narcotráfico que operan en el país, un problema estructural que demanda no solo acciones represivas, sino también políticas públicas integrales que atiendan las causas sociales y económicas que alimentan este fenómeno.
En este contexto, la implementación de sistemas de transporte público eficientes y accesibles, como el cablebús que se proyecta en Puebla, puede contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las comunidades, reduciendo la vulnerabilidad social que a menudo es aprovechada por grupos criminales para su expansión. La apuesta por infraestructura pública que conecte y dignifique a las zonas marginadas es una estrategia que, aunque no sustituye la justicia y la seguridad, sí fortalece el tejido social frente a la violencia y la exclusión.