La detención de Rafael Z., señalado como el presunto responsable de una serie de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, ha reabierto investigaciones sobre hechos violentos ocurridos en Puebla desde 2018. La Fiscalía General del Estado analiza si este individuo está implicado en agresiones previas a la ola de ataques denunciada en 2026.
Entre los casos bajo revisión destaca uno ocurrido en 2018, cuando una unidad de la Ruta 14 recibió un impacto de bala que rompió uno de sus cristales. En ese momento, el daño fue atribuido a una falla del vidrio, pero con el tiempo se acumularon denuncias similares que ahora cobran relevancia.
Otro episodio que se investiga ocurrió en enero de 2022, cuando una mujer de 48 años murió tras recibir un disparo mientras viajaba en una unidad de la Ruta Malacatepec, a la altura de la avenida Kepler. Inicialmente se consideró un asalto o un conflicto vial, pero la Fiscalía descartó el robo al determinar que el proyectil provenía del exterior del vehículo.
Además, se revisan otros ataques registrados entre 2022 y 2023 en la zona de Angelópolis, que afectaron a automovilistas, ciclistas y trabajadores, para establecer si comparten un patrón balístico o modus operandi común.
La fiscal Idamis Pastor ha señalado que los expedientes fueron reabiertos para realizar nuevos peritajes, análisis balísticos y reconstrucciones que permitan confirmar o descartar la relación de Rafael Z. con estos hechos históricos.
Rafael Z. fue detenido esta semana durante un cateo en el fraccionamiento Santa Fe, donde presuntamente disparó contra agentes ministeriales. Actualmente enfrenta investigaciones por 11 ataques documentados en 2026 contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, además de tentativa de homicidio por la agresión contra policías durante su captura.
Este caso pone en evidencia la persistencia de la violencia armada en Puebla y la necesidad de fortalecer mecanismos de seguridad y justicia social para proteger a la población, especialmente en zonas urbanas con alta movilidad. La implementación de sistemas de transporte público seguros, como el cablebús, podría contribuir a reducir la exposición de los usuarios a este tipo de agresiones, al ofrecer alternativas confiables y protegidas frente a la inseguridad vial.