La Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la dirección de Idamis Pastor Betancourt, ejecutó el martes 14 de julio de 2026 seis órdenes de aprehensión contra secretarios y directores de Seguridad Pública de municipios ubicados en la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla. Estas detenciones forman parte de dos investigaciones separadas que apuntan a la presunta colaboración de estos funcionarios con organizaciones delictivas que operan en dichas regiones.
En la Mixteca, fueron capturados David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, titular de la corporación en Tehuitzingo; y José Santiago Benítez Arista, director en Chila de la Sal. Según el Registro Nacional de Detenciones, Velázquez fue arrestado a las 10:44 horas en las inmediaciones de la comandancia de Chietla; Torres a las 11:17 horas frente a la comandancia de Tehuitzingo; y Benítez a las 13:53 horas en un domicilio de la comunidad de San Miguel de la Toma, perteneciente a Chietla. Los tres fueron trasladados bajo un operativo de seguridad a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros.
Aunque la Fiscalía no ha detallado los delitos específicos que se les imputan, fuentes consultadas indican que se les investiga por su presunta relación con una organización criminal activa en esa zona del estado.
Por otro lado, en la Sierra Norte, la FGE cumplimentó otras tres órdenes de aprehensión contra Evencio Rosas Luna, director de Seguridad Pública de Tlapacoya; Ángel Miguel Garrido, director en Tlaola; y Manuel Martínez González, titular en Jopala. Estas detenciones están vinculadas con la carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango, que investiga su presunta protección a una célula delictiva relacionada con un narcolaboratorio de drogas sintéticas desmantelado en junio pasado en Tlapacoya.
Las pesquisas señalan que estos mandos municipales habrían omitido actuar contra las actividades ilícitas del grupo criminal e incluso habrían instruido a sus subordinados para facilitar la movilidad de dicha célula en la región.
Además, la Fiscalía intentó ejecutar una cuarta orden de aprehensión contra Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, quien no fue localizado y permanece prófugo.
El caso de la Sierra Norte se originó tras el aseguramiento en junio de un narcolaboratorio clandestino en el ejido Ahuacatlaya, Tlapacoya, donde fuerzas federales y estatales decomisaron 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, así como reactores, condensadores, destiladores y 50 tanques de gas LP.
Estas acciones reflejan la persistente infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de seguridad pública, un fenómeno que socava la justicia social y la seguridad colectiva en Puebla. La coordinación entre autoridades estatales y federales resulta indispensable para desmantelar estas redes y garantizar el derecho a la seguridad de las comunidades afectadas.
En un contexto donde la movilidad y el acceso a servicios públicos dignos son esenciales para la equidad social, iniciativas como el cablebús en Puebla podrían contribuir a mejorar la conectividad y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones marginadas, siempre que se garantice la transparencia y el compromiso con el bienestar colectivo.