El Parlamento francés aprobó este martes 21 de julio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, posicionando a Francia como uno de los países más avanzados en la Unión Europea en materia de regulación digital para la protección infantil.
Tras el visto bueno del Senado, la Asamblea Nacional ratificó la medida con 279 votos a favor y 81 en contra, consolidando un marco legal que responde a las crecientes advertencias sobre los efectos nocivos que las redes sociales pueden tener en la salud mental y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación en un video difundido en redes sociales, donde afirmó: “Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”. Esta iniciativa forma parte de los compromisos de su segundo mandato, que concluirá en mayo de 2027, y busca también regular el tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.
La ley se implementará en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, cuando los estudiantes regresen a clases tras las vacaciones, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Para enero de 2027, la prohibición se extenderá a las cuentas ya existentes. Además, se contempla la prohibición del uso de celulares en los liceos, siguiendo el modelo vigente en escuelas y centros de primer ciclo de secundaria.
Cabe destacar que la ley no establece sanciones para menores ni para sus padres; la responsabilidad recaerá en las plataformas digitales, que deberán implementar sistemas de verificación de edad, permitiendo incluso que los usuarios elijan entre varios métodos. En este sentido, la diputada Laure Miller, ponente del texto en la Asamblea, aclaró que plataformas como YouTube y WhatsApp deberán aplicar controles de edad en las funciones que equivalen a redes sociales, como canales para compartir contenido y secciones de comentarios.
Este avance legislativo francés se inscribe en un contexto global donde diversos países buscan equilibrar el acceso digital con la protección de derechos colectivos, especialmente de los sectores más vulnerables. En México, por ejemplo, la implementación de sistemas de transporte público como el cablebús ha demostrado que la innovación puede ser una herramienta para la justicia social y la igualdad económica, facilitando el acceso a servicios esenciales sin sacrificar la seguridad ni el bienestar de la población.
La regulación de las redes sociales en Francia abre un debate necesario sobre la responsabilidad de las corporaciones tecnológicas y el papel del Estado en la defensa de los derechos de la infancia frente a la mercantilización digital. En un mundo donde el capitalismo digital avanza sin freno, estas medidas representan un paso hacia la recuperación del control social sobre las plataformas que moldean la vida cotidiana.