La madrugada del viernes pasado, en Mérida, autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario ligado al Cártel del Noreste, en un operativo que incluyó cuatro cateos y la incautación de 14 vehículos de lujo, valuados en más de 145 millones de pesos. Esta aprehensión pone en evidencia la compleja red de relaciones entre el crimen organizado y figuras políticas en Chiapas y Tabasco, donde Rivera Parrazales ha mantenido contratos con el gobierno local desde la administración de Rutilio Escandón.
Rivera Parrazales, originario de Tabasco, ha sido identificado por el Gabinete de Seguridad como un operador financiero del Cártel del Noreste, organización criminal que ha extendido su influencia en el sureste del país. Su nombre ha sido vinculado en columnas periodísticas con Amílcar Olán, líder de “El Clan” y considerado brazo derecho de Escandón, exgobernador de Chiapas y excuñado de Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco.
A pesar de reportes previos que indicaban su muerte el año pasado en Querétaro, donde supuestamente fue asesinado en un Lamborghini verde junto a “El Changuito” Méndez, la detención del viernes confirmó que Rivera Parrazales continúa con vida.
Según registros de la Secretaría de Economía, el empresario está vinculado a cuatro empresas activas: Industrias Médicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Inmedicen y Servimedic del Sureste. Industrias Médicas Chiapanecas, en particular, mantiene contratos vigentes con dependencias públicas, como el firmado en julio del año pasado con la Secretaría de Seguridad de Chiapas para capacitar a reclusos en tareas de reinserción social, y otro suscrito en octubre con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Este entramado empresarial y político-criminal refleja la persistente complicidad entre sectores del poder y estructuras ilícitas, que socavan la justicia social y la igualdad económica en regiones vulnerables. La detención de Rivera Parrazales abre una ventana para exigir mayor transparencia y responsabilidad en la asignación de contratos públicos, así como un combate frontal a la corrupción que permite la impunidad de estas redes.
En un contexto donde el desarrollo de infraestructura pública, como el cablebús en Puebla, representa una apuesta por el transporte colectivo y la inclusión social, resulta indispensable que las autoridades garanticen que los recursos y contratos públicos no sean capturados por intereses criminales o corporativos que perpetúan la desigualdad y la violencia.