La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses desde hace al menos seis años, según reveló este viernes 17 de julio Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.
Lara, exencargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y militante de la llamada ultraizquierda de la Cuarta Transformación (4T), llegó a la FGR en enero de 2026 como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero institucional. Sin embargo, apenas seis meses después, el martes 14 de julio anunció su renuncia por “motivos personales”.
De acuerdo con el periodista, un operativo de contrainteligencia iniciado tras su llegada a la FGR reveló un “oscuro pasado” que incluía extorsiones, nexos con redes de huachicol fiscal y, lo más grave, su colaboración con los servicios de inteligencia estadounidenses. Esta última revelación fue la causa directa de su cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo, lo que generó una crisis interna en la Fiscalía.
El detonante para la salida de Lara fue la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicada al lavado de dinero y contrabando de combustible, ocurrida la semana pasada. Las pesquisas, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, apuntaron a que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, entre ellas Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo y presuntamente investigado por tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
Riva Palacio también señala que, según reportes estadounidenses, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, Lara habría utilizado su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. La detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, estaría relacionada con estas extorsiones. La FGR también reactivó recientemente el proceso penal contra Ancira, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño.
Este caso expone, una vez más, la paradoja de la 4T: la corrupción no se castiga ni se investiga con rigor, pero la confianza se paga con despidos. Riva Palacio subraya que, pese a las evidencias, no se abrió una carpeta de investigación contra Lara, lo que refleja la impunidad que prevalece en el actual gobierno.
En un contexto donde la justicia social y la transparencia deberían ser pilares fundamentales, la permanencia de figuras con vínculos oscuros en instituciones clave como la FGR pone en entredicho el compromiso real con la transformación del país. La lucha contra la corrupción exige no solo discursos, sino acciones contundentes que no se limiten a remover piezas incómodas, sino a desmantelar las redes de poder que la sostienen.