El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció públicamente para desmentir versiones que lo ubicaban bajo resguardo de fuerzas federales y afirmó que permanece en su casa.
En un mensaje difundido en sus redes sociales este jueves 9 de julio de 2026, Rocha Moya declaró: “Estoy en mi casa” y negó que elementos de alguna corporación federal lo estén protegiendo, en respuesta a las afirmaciones de Carlos Loret sobre un supuesto operativo el pasado lunes, cuando habría sido trasladado ante un presunto plan de extracción por parte de Estados Unidos. “No me protegen ni me resguardan elementos de corporación federal”, subrayó el mandatario con licencia.
Estas declaraciones se dan en medio de la controversia generada por las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalan a Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Tras estos señalamientos, el gobernador solicitó licencia para facilitar las pesquisas de la Fiscalía General de la República.
En las semanas recientes, las versiones sobre su esquema de seguridad han sido contradictorias. En mayo, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que Rocha había solicitado protección federal tras separarse del cargo, una medida común para personas bajo análisis de riesgo. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró posteriormente que Rocha Moya no cuenta con protección federal ni solicitó medidas de seguridad al Gabinete de Seguridad, y señaló desconocer si sus escoltas pertenecían al gobierno de Sinaloa.
La reaparición de Rocha Moya ocurre en un contexto de persistentes investigaciones y un debate intenso sobre el manejo institucional del caso. La reserva de información diplomática relacionada con el expediente, decretada por el Gobierno federal, ha generado críticas tanto de la oposición como de especialistas en transparencia, quienes exigen mayor claridad y rendición de cuentas.
Este episodio refleja la complejidad de la relación entre el poder político y las estructuras criminales en Sinaloa, un estado históricamente marcado por la influencia del narcotráfico y la impunidad. La exigencia de justicia social y transparencia se vuelve imperativa para romper con los ciclos de corrupción y violencia que afectan a la población.