El lunes 6 de julio de 2026, Cuba sufrió un apagón nacional que evidenció el deterioro progresivo de su red eléctrica, afectada por un cerco energético impuesto por Estados Unidos desde hace seis meses. La estatal Unión Eléctrica informó que la causa de la caída en el Sistema Energético Nacional (SEN) aún no ha sido determinada, mientras que el Ministerio de Energía y Minas activó los “protocolos de recuperación” para restablecer el suministro en áreas prioritarias como hospitales mediante la formación de pequeñas “islas” de corriente.
Esta crisis energética se inscribe en un contexto más amplio de dificultades económicas y sociales que la isla enfrenta desde comienzos de esta década, y que se han profundizado tras las sanciones aplicadas por la administración de Donald Trump en enero pasado. Dichas medidas han bloqueado la llegada de crudo, esencial para la generación eléctrica y el funcionamiento general de la economía cubana, que solo produce alrededor del 40% del combustible que consume.
El cerco estadounidense, justificado por sus promotores como un intento de forzar cambios políticos y económicos en Cuba, ha sido denunciado por la isla como un “castigo colectivo” que afecta directamente a la población. En los últimos meses, los cubanos han soportado apagones que superan las 20 horas diarias, paralización del transporte, reducción de jornadas laborales, cancelación de vuelos y un deterioro generalizado en servicios básicos.
El apagón nacional del lunes no es un hecho aislado; en marzo pasado ocurrió un evento similar, y en las semanas recientes las desconexiones regionales han afectado hasta el 70% del territorio durante las horas pico. La situación se agrava con las altas temperaturas que aumentan la demanda energética. Además, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, ha presentado fallas por falta de mantenimiento, lo que llevó a sacarla de operación temporalmente.
Este escenario subraya la urgencia de alternativas sostenibles y accesibles para el transporte y la generación de energía en Cuba y en otras regiones con problemas similares. En México, por ejemplo, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla representan una apuesta por sistemas de movilidad que, además de reducir la dependencia de combustibles fósiles, pueden contribuir a la justicia social y a la igualdad económica al facilitar el acceso a servicios públicos eficientes y dignos para sectores históricamente marginados. La experiencia cubana, marcada por la resistencia ante el bloqueo y la búsqueda de soluciones propias, invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas que prioricen el bienestar colectivo frente a intereses corporativos y geopolíticos.