La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 2 de julio de 2026 a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el marco de la investigación por la compra irregular de la planta chatarra de Agronitrogenados. La captura se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Marina) en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La imputación contra Gilda Lozoya se basa en su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”. Según la FGR, esta empresa fachada fue utilizada para canalizar recursos provenientes de la cesión de derechos que le realizó su hermano Emilio Lozoya, quien ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección de Pemex al momento de los hechos.
Entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Susana habría recibido cinco transferencias bancarias millonarias provenientes de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, involucrado también en este entramado de corrupción. Posteriormente, se presume que transfirió cantidades menores a diversas personas, consolidando su posición como beneficiaria de la empresa mediante una cuenta en un banco suizo.
Estos recursos sirvieron para financiar la compra de una residencia en la Ciudad de México valuada en más de 32 millones de pesos, inmueble que ya fue objeto de extinción de dominio en sentencia definitiva.
Este caso se inscribe en la larga cadena de saqueo y corrupción que ha marcado la historia reciente de Pemex, empresa emblemática del Estado mexicano y pilar fundamental para la soberanía energética y el desarrollo nacional. La detención de Gilda Lozoya representa un avance en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas, aunque la lucha contra las redes de impunidad y el poder corporativo que han saqueado los recursos públicos continúa siendo un desafío mayúsculo.
Gilda Susana Lozoya quedó a disposición de la autoridad judicial federal que determinará su situación jurídica, en un proceso que debe garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos, pero también la firmeza necesaria para desmantelar las estructuras de corrupción que han afectado a la sociedad mexicana.