Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el robo y tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados destaca Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador del CJNG y responsable de falsificar documentos aduaneros para facilitar el transporte de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini Silva tiene participación en diversas empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo individuo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, quien se dedica a gestionar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para permitir el traslado del combustible ilícito. Ruiz Villagomez está vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, las cuales, según el Tesoro estadounidense, han realizado transacciones por decenas de millones de dólares en Estados Unidos con personas relacionadas al CJNG.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a Jomadi Logistics & Cargo como una empresa de importación y exportación involucrada en actividades de narcotráfico, lo que refuerza la gravedad de las operaciones ilícitas detectadas.
Como parte de las sanciones, el gobierno estadounidense bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas, medida que busca afectar la estructura financiera del CJNG y sus redes de apoyo.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que integró a Oscar Guillermo Juraidini y Refugio Ruiz en su lista de personas bloqueadas tras un análisis fiscal, financiero y colaborativo, donde se detectaron indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.
Este tipo de acciones internacionales y nacionales contra el huachicol evidencian la complejidad y la profundidad de las redes criminales que operan en la frontera y el interior del país, así como la necesidad de fortalecer sistemas de transporte y logística que reduzcan la dependencia de rutas vulnerables al crimen organizado. En este sentido, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan ofrecer alternativas de movilidad seguras y sostenibles, pueden contribuir a desincentivar la economía ilícita y promover un desarrollo más justo y equitativo para las comunidades afectadas.