Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, denunció violencia política de género por parte de la Fiscalía mexiquense luego de que se le señalara de haber realizado un auto secuestro. La alcaldesa aseguró que fue víctima de un plagio real la noche del domingo 31 de mayo afuera de su domicilio y calificó la investigación en su contra como una persecución política.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Nápoles afirmó que pasó de ser víctima a ser acusada de inventar su secuestro, del cual logró escapar tras poco más de una hora. “Soy una mujer de valores y principios… lo acuso como una persecución política… violencia política de género en su máxima expresión”, declaró. Ante la situación, solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga su caso para garantizar una investigación imparcial.
Además, la presidenta municipal negó categóricamente las acusaciones de un supuesto desfalco de 40 millones de pesos en el municipio. Aseguró que el dinero está resguardado en las arcas municipales y que la historia del desfalco es otra noticia falsa en su contra. Confirmó que durante su secuestro le exigieron un rescate por esa cantidad, pero no se pagó nada.
Respecto a la suspensión de sus derechos políticos por parte de Morena, Nápoles mencionó que ha tenido comunicación con Ariadna Montiel, aunque hasta el momento no ha recibido confirmación oficial sobre dicha medida. Sobre su esposo, negó que esté prófugo y aclaró que ha declarado ante las autoridades cuando se le ha requerido; en contraste, señaló que quien sí está prófugo es el ex pareja de su hermana.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de violencia política contra mujeres en cargos públicos, un fenómeno que ha sido documentado y denunciado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y que refleja las dificultades que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus funciones en un sistema político aún marcado por desigualdades y prácticas autoritarias.
En medio de esta crisis, la exigencia de justicia y transparencia se vuelve fundamental para garantizar no solo la seguridad de las autoridades electas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones. La petición de Nápoles para que la FGR atraiga su caso podría ser un paso hacia una investigación más objetiva, lejos de intereses políticos locales que, según ella, buscan desestabilizar su gestión.