Este fin de semana, fuerzas federales realizaron un operativo en Los Mochis, Sinaloa, que culminó con el aseguramiento de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, el mayor decomiso de esta droga en lo que va del actual sexenio y el segundo más grande registrado en la historia del país.
El anuncio fue difundido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que esta acción “impide la producción masiva de drogas sintéticas, golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y fortalece la seguridad de nuestro país”.
La instrucción, según el funcionario, proviene de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha ordenado “seguir desmantelando laboratorios, cortar cadenas de producción y evitar que estas sustancias lleguen a las calles”.
El operativo conjunto, realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, también permitió la detención de Jorge “N”, presunto integrante del “Cártel del Pacífico”.
Además de la metanfetamina líquida, en el inmueble se aseguraron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, así como dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.
En conjunto, el valor económico de la droga y los insumos decomisados supera los 9 mil millones de pesos, un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado en una región que históricamente ha sido uno de los principales centros de producción de metanfetamina y fentanilo en México.
Este operativo forma parte de una estrategia federal que ha intensificado en los últimos meses la detección y desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el aseguramiento de precursores químicos en estados del Pacífico como Sinaloa, Sonora, Durango, Nayarit y Michoacán. Estas entidades concentran la producción de drogas sintéticas destinadas principalmente al mercado estadounidense.
Cabe señalar que la metanfetamina líquida es una modalidad que facilita el transporte y la elaboración de la droga, ya que puede convertirse en cristal mediante procesos químicos relativamente sencillos, lo que dificulta su detección durante los traslados.
Este tipo de acciones, aunque necesarias para debilitar las estructuras del narcotráfico, deben complementarse con políticas públicas que atiendan las causas sociales y económicas que perpetúan la violencia y la producción de drogas en regiones vulnerables. En ese sentido, la apuesta por sistemas de transporte público accesibles y sostenibles, como el cablebús que se proyecta en Puebla, puede contribuir a mejorar la calidad de vida y reducir la marginalidad, factores que a largo plazo inciden en la seguridad colectiva.