La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori se pronunció este martes 16 de junio de 2026 para deslindarse de las críticas recibidas tras su intervención en el caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales en San Andrés Cholula. Salvatori aclaró que en ningún momento defendió la conducta de la mujer relacionada con el consumo de alcohol al volante, sino que su denuncia se centró en presuntas irregularidades durante la detención.
“No defendí a ninguna persona en estado de ebriedad; lo que expuse fueron las presuntas irregularidades en la detención de una mujer en San Andrés Cholula”, afirmó la legisladora, en referencia a la polémica generada por los videos que se viralizaron en días recientes.
El caso comenzó a tomar relevancia pública tras la difusión de grabaciones y antecedentes relacionados con Ariana F., lo que provocó cuestionamientos hacia la postura asumida por Salvatori. La diputada insistió en que su posicionamiento estuvo enfocado en analizar el actuar de los elementos de seguridad y no en justificar las acciones de la conductora.
Además, Salvatori expresó su preocupación por la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales, que fueron difundidos en redes sociales y medios digitales. Criticó que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién fue responsable de la filtración. “Es grave que la presidenta no sepa, o se haga, quién filtró los videos de su policía”, señaló.
En un giro relevante, la diputada reveló que la mujer involucrada ya presentó una denuncia formal, lo que permitirá que las autoridades investiguen las posibles irregularidades en la actuación policial. Esta información contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de una denuncia formal ante las instancias internas del Ayuntamiento.
El caso sigue bajo investigación por diversas instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Por su parte, el Gobierno estatal ha cuestionado la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de detención.
La controversia, que se originó con la difusión de videos de la detención ocurrida en el Parque Intermunicipal de Cholula, ha desatado un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible obtenida durante operativos policiales.
Este episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de control y transparencia en las corporaciones policiales, así como de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, en un contexto donde la violencia institucional y la impunidad siguen siendo retos pendientes para el Estado mexicano.