A un mes de cumplirse dos años de la desaparición de Karla Alejandra Tela en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la activación de la ficha amarilla de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para ampliar la búsqueda de la joven de 27 años fuera de México. Esta medida fue anunciada en un boletín emitido la noche del jueves 11 de junio de 2026.
La última vez que se vio a Karla Alejandra fue el 14 de julio de 2024, cuando salió de su casa en la colonia Viveros del Valle, en la ciudad de Puebla, con rumbo a la parada de camiones hacia Amozoc. Desde entonces, su familia ha denunciado la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades locales.
Gabriela Flores, madre de Karla Alejandra, ha sido una incansable buscadora que durante más de un año solicitó la emisión de la ficha amarilla para que la búsqueda de su hija pudiera extenderse a otros países, ante el temor fundado de que pudiera ser víctima de trata de personas. Sin embargo, denunció que en repetidas ocasiones la Fiscalía desestimó sus peticiones y mostró una actitud negligente, incluso con comentarios que evidencian la precariedad y falta de compromiso institucional: un agente del Ministerio Público le dijo que no arriesgaría a su personal porque “no ganaban lo suficiente para hacer su trabajo”.
En al menos tres ocasiones, la familia proporcionó información relevante para localizar a Karla Alejandra, pero la Fiscalía no actuó en consecuencia. Las dos búsquedas y tres cateos realizados carecieron de la preparación y herramientas necesarias, y terminaron con la detención de cinco personas ajenas al caso, lo que refleja una falta de enfoque en la investigación.
El caso de Karla Alejandra cobró visibilidad en las marchas previas a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde su nombre resonó como símbolo de la lucha contra la violencia y la impunidad que enfrentan muchas mujeres en México.
Este avance en la búsqueda, aunque tardío, es un recordatorio de la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y justicia para las víctimas y sus familias, así como de la necesidad de que las autoridades asuman su responsabilidad con seriedad y compromiso social.