La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, alista una causa penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, por presuntas vinculaciones de su administración con operaciones de narcotráfico del grupo “Los Cabrera”, una facción del cártel sinaloense conocido como “La Mayiza”. La información fue revelada a La Silla Rota por fuentes cercanas a la investigación.
El expediente señala que la protección estaría dirigida hacia Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, supuesto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “Mayo” en julio de 2024, Durango ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Villegas Villarreal, de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral entre el PRI, PAN y PRD. Su trayectoria política incluye cargos como alcalde de Durango, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones.
Las fuentes consultadas indican que el gobernador está al tanto del expediente que involucra también a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un miembro cercano a ella ha sido identificado como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.
Se señala que Villegas ha compartido con colaboradores cercanos la inminencia de acciones legales por parte de la FGR contra varios integrantes del gobierno estatal, lo que ha motivado que al menos uno de ellos haya abandonado Durango. Por su parte, “El Mayito Flaco” también habría salido del estado y su paradero es desconocido.
Con esta acción, que se considera inminente, serían dos los gobernadores en funciones enfrentando procesos penales, sumándose a Rubén Rocha Moya, del partido Morena, quien actualmente está con licencia en Sinaloa.
Este caso refleja la persistente infiltración del narcotráfico en las estructuras de poder regional, un fenómeno que socava la justicia social y la gobernabilidad democrática en México. La atención de la FGR a estos vínculos es un paso necesario, aunque insuficiente, para desmantelar las redes de impunidad que favorecen a los cárteles y perpetúan la violencia en los estados afectados.