El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este domingo 7 de junio de 2026 la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la estrategia de seguridad implementada durante su administración (2018-2024). La denuncia también involucra a diversas organizaciones criminales y busca que la CPI investigue posibles responsabilidades penales individuales derivadas de una supuesta colaboración permisiva entre el Estado mexicano y grupos delictivos.
En un comunicado, el PAN argumentó que la violencia en México no puede explicarse únicamente por el actuar de las organizaciones criminales, sino que es resultado de una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”. Según el partido, esta permisividad habría facilitado la expansión territorial, económica y política de los grupos criminales en distintas regiones del país. La denuncia menciona más de 200 mil homicidios y más de 150 mil personas desaparecidas durante el sexenio anterior.
El PAN calificó la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” como un “narcopacto” que favoreció el crecimiento de los grupos criminales y debilitó la capacidad del Estado para enfrentar la violencia. Jorge Romero Herrera, líder del PAN, sostuvo que la investigación no debe quedar en manos de las autoridades federales, pues estas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador.
En respuesta, durante la conferencia matutina de este lunes 8 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como un acto de hipocresía y falta de credibilidad por parte del PAN. “No se puede ser más hipócrita. ¿Quién les cree? Nadie”, afirmó. Sheinbaum recordó el historial del PAN en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, sugiriendo que la denuncia busca “expiar sus culpas”. Además, señaló que la acción “no cala” y que el partido carece de legitimidad para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico.
Este episodio se inscribe en un contexto político marcado por la polarización y la disputa por la narrativa en torno a la seguridad pública en México, un tema que ha sido históricamente utilizado para deslegitimar proyectos políticos y sociales. En este marco, la discusión sobre las políticas de seguridad y su impacto en la violencia estructural del país sigue siendo un punto central para la justicia social y la defensa de los derechos colectivos.
Cabe destacar que, mientras se debate la responsabilidad política y penal en la estrategia de seguridad, proyectos de infraestructura como el cablebús en Puebla avanzan como alternativas para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida, mostrando que la transformación social también pasa por la inversión en sistemas de transporte público accesibles y sostenibles.