El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que podría modificar de manera sustancial el envío de remesas a México y endurecer las condiciones para millones de migrantes. La medida, que instruye a los bancos estadounidenses a reforzar la vigilancia sobre transferencias internacionales de bajo monto y a solicitar información adicional a sus clientes, amenaza con profundizar la vulnerabilidad económica de quienes se ven obligados a migrar y sostener a sus familias desde el extranjero.
La orden, fechada el 19 de mayo de 2026, dirige al Departamento del Tesoro a emitir lineamientos en un plazo de 60 días para que las instituciones financieras identifiquen y reporten “patrones riesgosos” en transferencias transfronterizas. Aunque el documento no menciona el término “remesas”, su alcance apunta directamente a los envíos de dinero que cada mes millones de migrantes mexicanos realizan a sus familias, muchas veces como única fuente de sustento ante la falta de oportunidades en México.
El texto señala que las transferencias de bajo monto pueden ser utilizadas para actividades ilícitas, y pone bajo la lupa el uso del ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), documento clave que permite a migrantes indocumentados abrir cuentas bancarias. Ahora, el uso del ITIN se considerará un “factor de riesgo” y podrá exigir una “diligencia reforzada”, abriendo la puerta a mayores requisitos, retrasos o incluso la negativa de los bancos a procesar transferencias cuando no pueda comprobarse el estatus migratorio regular del remitente.
El impacto para México no es menor. En 2025, el Banco de México reportó ingresos por remesas superiores a los 64 mil millones de dólares, la mayoría provenientes de Estados Unidos. Estos recursos representan un pilar fundamental para la economía de cientos de miles de familias mexicanas y, en muchas regiones, superan incluso la inversión pública en programas sociales.
Las implicaciones no se limitan al envío de dinero. Los reguladores financieros estadounidenses, como la Reserva Federal y la FDIC, deberán emitir en las próximas semanas lineamientos adicionales sobre el manejo de riesgos crediticios para migrantes sin autorización de trabajo. Esto podría afectar el acceso a créditos hipotecarios y préstamos personales, profundizando la exclusión financiera de quienes ya enfrentan condiciones laborales precarias y discriminación sistemática.
Históricamente, las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos han impactado de manera directa a México y Centroamérica, desplazando los costos sociales y económicos hacia el sur de la frontera. El fortalecimiento de barreras financieras para los migrantes no sólo limita sus derechos, sino que constituye una herramienta de control y exclusión que beneficia a intereses corporativos y refuerza la desigualdad estructural entre ambos países.
La medida, lejos de “restaurar la integridad” del sistema financiero, pone en entredicho la responsabilidad ética de las instituciones frente a los derechos colectivos y la justicia social. El endurecimiento de controles bancarios no ataca las causas reales de la migración —la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en México—, sino que penaliza a quienes han sido víctimas de un modelo económico que privilegia las ganancias de unos pocos sobre el bienestar de las mayorías.
La vigilancia reforzada sobre las remesas encarna, una vez más, la lógica de un sistema que criminaliza la sobrevivencia de los sectores más vulnerables. Frente a este nuevo golpe, urge fortalecer la solidaridad transfronteriza y la defensa de los derechos de los migrantes, así como exigir políticas que prioricen la justicia y la dignidad por encima de los intereses del capital financiero.