La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) clasificó como reservada durante cinco años la información vinculada a las comunicaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están involucrados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esta decisión se dio a conocer tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba acceder a detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación relacionados con ambos funcionarios. La Cancillería justificó la reserva argumentando que la divulgación podría “menoscabar” los entendimientos bilaterales y violar la expectativa de confidencialidad que mantienen los funcionarios estadounidenses hacia México, lo que pondría en riesgo la confianza necesaria para la interlocución diaria entre ambos gobiernos.
Además, el Gobierno federal determinó clasificar por un periodo de tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró especial relevancia luego de que trascendiera que el funcionario estadounidense habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en Estados Unidos.
Las solicitudes de información fueron presentadas el 26 de mayo, con el objetivo de conocer los detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la situación jurídica de los políticos sinaloenses. La Unidad de Transparencia de la SRE informó que la petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación de la información.
Según la resolución del Comité de Transparencia, los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación internacional, estrategias de coordinación, análisis de información y elementos relacionados con la conducción de la interlocución diplomática. La difusión de este material, advierte el documento, podría afectar la imagen de México ante otros países y comprometer futuros mecanismos de cooperación bilateral.
Esta reserva se da a poco más de 70 días de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública una acusación contra Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más del estado de Sinaloa, señalándolos por presuntos nexos con el crimen organizado. Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “los acusados utilizaron posiciones de confianza para proteger operaciones criminales y facilitar una tubería de drogas mortales hacia Estados Unidos”.
Este contexto pone en evidencia la complejidad de las relaciones diplomáticas y la tensión entre la transparencia y la protección de intereses estratégicos en la cooperación bilateral. En un país donde la justicia social y la rendición de cuentas son demandas urgentes, la opacidad en asuntos de alto impacto político y criminal genera cuestionamientos legítimos sobre la defensa de los derechos colectivos y la soberanía nacional.