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Hija de Barbosa asistió al Mundial 2026; diputada Orozco asegura que pagó solo 6 mil 500 pesos
julio 2, 2026

Hija de Barbosa asistió al Mundial 2026; diputada Orozco asegura que pagó solo 6 mil 500 pesos

La diputada federal Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, confirmó la asistencia de su hija al partido del Mundial 2026 disputado en Monterrey entre Japón y Túnez, luego de que en redes sociales se difundieran imágenes que generaron críticas y cuestionamientos sobre el acceso a boletos en zonas preferentes.

Orozco Caballero afirmó que, a pesar de que el boleto correspondía a una zona Hospitality, cuyo precio comercial ha sido estimado por usuarios y medios en alrededor de 70 mil pesos, su hija pagó únicamente 6 mil 500 pesos. Sin embargo, no explicó públicamente el mecanismo o promoción que permitió obtener ese costo reducido.

Este episodio ocurre en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que los boletos asignados al Gobierno de México para el Mundial no serían destinados a funcionarios, sino a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores mediante programas y concursos públicos, como parte de un llamado a la austeridad y transparencia en el manejo de recursos públicos.

La diputada también rechazó que la asistencia de su hija contraviniera estas políticas, argumentando que ella no es militante de Morena, sino únicamente votante de ese partido.

Las declaraciones de Rosario Orozco han reavivado el debate sobre la distribución y acceso a los boletos en zonas privilegiadas durante el Mundial, especialmente tras la difusión de imágenes de familiares de personajes vinculados a Morena en áreas preferentes de los estadios. Hasta el momento, no se ha presentado documentación que acredite las condiciones bajo las cuales fue adquirido el boleto ni si formó parte de algún programa especial de venta o cortesía.

Este caso pone en evidencia la tensión entre las promesas de austeridad y la realidad de la asignación de recursos en eventos de gran magnitud, donde la transparencia y la justicia social deben ser prioritarias para evitar privilegios que contradigan los principios de igualdad y acceso equitativo.

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