La polémica en torno al contrato por 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por la Dirección de Convenciones y Parques de Puebla escaló nuevamente tras la admisión de la directora Michelle Talavera de que el creador de contenido fue su pareja sentimental, aunque negó que ello representara un conflicto de interés en la adjudicación del contrato.
En una entrevista reciente, Talavera afirmó que la relación había concluido antes de la firma del acuerdo, por lo que descartó que su vínculo personal influyera en la decisión administrativa. Sin embargo, se negó a revelar la identidad de los demás influencers que, según la versión oficial, participaron en la estrategia de difusión, argumentando que se trata de datos personales.
Este silencio ha generado cuestionamientos en diversos sectores, que exigen mayor transparencia para disipar dudas sobre el uso de recursos públicos. Reclaman conocer quiénes fueron los beneficiarios, cuántos contenidos produjo cada uno y el monto recibido por cada participante.
La controversia se desató luego de que se diera a conocer que el contrato CP-PS-26-ENE-03 fue firmado para la promoción de espacios administrados por el organismo. Una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos que cumplían con el contrato, pero señaló que el costo representaría un sobreprecio en comparación con las tarifas que él mismo promocionaba para servicios similares.
En respuesta, tanto el influencer como la Dirección de Convenciones y Parques aseguraron que el contrato no se limitaba a la producción de videos de Lazzari, sino que incluía la coordinación de una estrategia digital con varios creadores de contenido, la cual, según el organismo, incrementó el alcance de sus redes sociales y la afluencia a los parques.
No obstante, la negativa de Talavera a transparentar la red de influencers ha intensificado las críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes insisten en que, tratándose de recursos públicos, debe prevalecer la máxima rendición de cuentas.
Hasta el momento, ninguna autoridad fiscalizadora ha emitido un pronunciamiento que determine la existencia de conflicto de interés o irregularidades en la contratación. Sin embargo, el caso sigue alimentando el debate sobre los estándares de transparencia que deben observar los servidores públicos al adjudicar contratos a personas con las que mantuvieron relaciones personales.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio donde la gestión pública en Puebla enfrenta el reto de equilibrar la innovación en promoción cultural y turística con la exigencia ciudadana de justicia social y manejo responsable de los recursos públicos. En este sentido, la implementación de sistemas de transporte como el cablebús o teleférico, que buscan mejorar la movilidad y el acceso a servicios, también demanda una administración transparente y comprometida con el interés colectivo.