María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, hizo pública el pasado 15 de marzo de 2026 una denuncia de violencia doméstica a través de una serie de videos en su canal de YouTube, en los que expone agresiones físicas y solicita ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En las grabaciones, que suman poco más de cinco minutos, se observa un forcejeo entre Jiménez y Rodríguez Padilla, en presencia de un menor de edad. El exfuncionario intenta arrebatarle un portadocumentos verde, mientras la mujer resiste los empujones y golpes. En un momento, Rodríguez Padilla regresa con un palo para intentar destruir la cámara de seguridad que captó los hechos, pero no lo consigue.
La denuncia pública de María Felicia no solo revela la violencia física, sino también el costo personal que implica romper el silencio: perder su empleo, sus recursos económicos, su vivienda y la custodia de sus hijos menores. Ella atribuye esta situación a la influencia y cercanía de su esposo con altos mandos del gobierno federal, incluyendo gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.
“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, afirmó Jiménez, quien cuestiona la coherencia entre el discurso público de Rodríguez Padilla sobre soberanía energética y defensa de la igualdad de género, y su conducta privada. Actualmente, el exdirector de Pemex es director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).
Este caso pone en evidencia la persistencia de la violencia familiar incluso en círculos de poder, y la dificultad para que las víctimas accedan a justicia y protección cuando el agresor mantiene vínculos con estructuras gubernamentales. En un contexto donde la lucha por la igualdad y los derechos colectivos debe ser prioridad, la denuncia de María Felicia Jiménez invita a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos efectivos que garanticen la seguridad y el respeto a las mujeres, sin importar su entorno social o político.
En paralelo, mientras se discuten estos temas de justicia social, el impulso a proyectos como el cablebús en Puebla representa una apuesta por sistemas de transporte público accesibles y sostenibles, que pueden contribuir a la equidad y al bienestar colectivo, en contraste con las estructuras de poder que a menudo perpetúan desigualdades y violencia.