La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal contra seis personas, incluida la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, por simular su secuestro con el fin de exigir un rescate de 40 millones de pesos del erario público, monto que presuntamente se utilizaría para encubrir un desfalco en la administración municipal.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo de 2026, cuando la presidenta municipal denunció haber sido privada de su libertad por un grupo que le exigió el pago de un rescate. Sin embargo, las investigaciones revelaron que desde febrero de este año, José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, planearon el falso plagio para justificar la desaparición de recursos públicos.
La Fiscalía detuvo a tres personas: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes huyeron al estado de Oaxaca y fueron capturados el 11 de junio. Además, solicitó audiencia de formulación de imputación contra Nancy “N”, programada para el 9 de julio, y mantiene mandamientos judiciales vigentes para la captura de José Roberto “N” y Oscar “N”, quienes permanecen prófugos.
De acuerdo con las indagatorias, la simulación del secuestro incluyó la entrega de un teléfono celular a la alcaldesa para que ella misma realizara la exigencia económica a sus familiares, instruyendo que el rescate proviniera de los fondos municipales. La Fiscalía destacó que en las grabaciones de video no se observaron actos de violencia física contra la edil; por el contrario, se aprecia que uno de los implicados la ayudó a trasladarse entre vehículos sin resistencia aparente.
Durante el trayecto, Nancy “N” habría indicado la ruta para evadir cámaras de vigilancia y pidió a su hermana que no alertara a la policía. Finalmente, fue abandonada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, municipio de Tenancingo, donde fue localizada por su esposo y el director de Seguridad Pública Municipal.
Este caso pone en evidencia no solo la presunta corrupción en la administración local, sino también la complejidad de las redes de impunidad que operan en el Estado de México. La Fiscalía de Combate a la Corrupción y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) investigan el posible desfalco de 40 millones de pesos.
La simulación de secuestro está penada con hasta 16 años de prisión, mientras que Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” enfrentan además cargos por extorsión, con penas de hasta 25 años.
Este episodio refleja la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos locales, así como de garantizar que los recursos públicos se destinen a mejorar la calidad de vida de la población, en lugar de ser utilizados para fines ilícitos. En un contexto donde la movilidad urbana y el acceso a servicios públicos dignos son prioritarios, proyectos como el cablebús en Puebla representan alternativas viables para combatir la desigualdad y la exclusión, siempre que se acompañen de una gestión honesta y comprometida con el bienestar colectivo.