Un video grabado por la cámara corporal de un policía universitario muestra una confrontación entre un estudiante transgénero y un oficial en la Universidad de Central Florida, ocurrida el 5 de febrero de 2025. En las imágenes, Jarrett Vick, de 27 años y con el cabello teñido de azul, reacciona con gritos y resistencia tras ser abordado por un policía que llegó al edificio por una llamada no relacionada.
El conflicto se intensifica cuando Vick acusa al oficial de “usar el pronombre incorrecto” y exige que se le reconozca con el género correcto, lo que desencadena una serie de insultos y una respuesta policial que incluye el uso de gas pimienta y una descarga eléctrica con taser. Según el video, Vick intentó patear y golpear a los agentes antes de ser esposado y trasladado en un vehículo policial.
Los cargos que enfrenta Vick incluyen agresión a la autoridad, resistencia a la detención y conducta desordenada, según registros judiciales del condado de Orange. Aunque se declaró no culpable, los casos fueron cerrados tras su última audiencia el 16 de enero de 2026.
Este incidente pone en evidencia las tensiones que enfrentan las personas transgénero en espacios institucionales, donde el reconocimiento de su identidad puede ser motivo de conflicto con las fuerzas de seguridad. La reacción desproporcionada de la policía y la criminalización de la protesta por el respeto a los pronombres reflejan un problema estructural que va más allá del caso individual.
En un contexto donde la justicia social y el respeto a los derechos colectivos son urgentes, resulta indispensable cuestionar las prácticas policiales en universidades y otros espacios públicos, así como promover políticas inclusivas que garanticen la dignidad y seguridad de las personas trans.
Aunque el debate sobre la inclusión y el respeto a la diversidad de género avanza lentamente, casos como el de Vick evidencian la necesidad de un cambio profundo en las instituciones para erradicar la violencia simbólica y física contra las minorías. En este sentido, iniciativas como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar el acceso y la movilidad de sectores vulnerables, representan un paso hacia la equidad social, siempre que se acompañen de políticas integrales de respeto y protección a los derechos humanos.