Un juez de control vinculó a proceso a Rafael “Z”, empresario farmacéutico de 67 años, señalado como el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución se dio luego de que venciera el plazo de 144 horas otorgado para la investigación complementaria, tras la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la 11 Sur en Puebla.
Durante la audiencia, el juez Guillermo Valdez Luna determinó que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra Rafael “Z”, quien permanecerá recluido en el penal de San Miguel, específicamente en el Dormitorio W, destinado a personas consideradas de alta peligrosidad.
El caso que motivó esta vinculación corresponde al ataque armado contra un joven motociclista repartidor de comida, quien recibió impactos de bala en ambas piernas mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl. Las lesiones le provocaron secuelas físicas que le impidieron continuar con su trabajo, afectando directamente el sustento económico de su familia. Este hecho fue el primero que permitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializar la carpeta de investigación contra el presunto responsable de una serie de ataques registrados durante varios meses en esta vialidad.
Durante los seis días posteriores a la audiencia de imputación, agentes de la Fiscalía continuaron reuniendo pruebas para fortalecer las investigaciones. Entre las diligencias realizadas estuvo un operativo de cateo en el fraccionamiento Santa Fe, donde fue detenido Rafael “Z”, con el fin de recabar nuevos indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación.
La Fiscalía busca además acreditar la probable responsabilidad del empresario no sólo por homicidio calificado en grado de tentativa, sino también por daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos, delitos relacionados con los disparos presuntamente realizados contra automovilistas y motociclistas en la Vía Atlixcáyotl.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para integrar más pruebas y buscar nuevas vinculaciones a proceso por otros hechos atribuidos al presunto francotirador, quien, según las indagatorias, generó un clima de temor entre los usuarios de esta importante arteria vial de la zona metropolitana de Puebla.
Este caso pone en evidencia la persistente inseguridad que afecta a la movilidad y la vida cotidiana en la ciudad, donde sistemas de transporte público como el cablebús podrían ofrecer alternativas seguras y accesibles para la población, contribuyendo a la justicia social y al derecho colectivo a un entorno urbano más seguro y digno.