Rocky, un perro de la raza gran pirineo de 14 años, falleció este miércoles 22 de julio de 2026 tras permanecer hospitalizado desde el pasado lunes debido a las graves lesiones que sufrió cuando su propietaria, Liliana “N”, lo ató a su camioneta, lo arrastró y posteriormente lo atropelló. Los hechos ocurrieron el fin de semana anterior en el fraccionamiento San Miguel, al norte de Saltillo.
La agresión fue captada en video por vecinos, y la difusión de las imágenes en redes sociales generó una ola de indignación y movilizaciones por parte de grupos defensores de los animales, quienes exigieron justicia y castigo para la responsable.
El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Sureste, Julio Loera Ruiz, informó que Liliana “N” fue detenida ayer en cumplimiento de una orden de aprehensión. Durante la audiencia, un juez de control le impuso prisión preventiva justificada por un periodo inicial de tres meses, que podría extenderse por igual tiempo mientras el Ministerio Público y la defensa presentan pruebas para robustecer la carpeta de investigación.
Liliana permanecerá internada en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo mientras avanza el proceso penal.
Con la muerte de Rocky, la sanción prevista en la legislación estatal por maltrato animal podría duplicarse. Loera Ruiz explicó que la pena base para este delito alcanza hasta cuatro años de prisión, pero se incrementa a ocho años cuando el animal muere como consecuencia de las lesiones.
El funcionario también señaló que hasta el momento el juez no encontró elementos suficientes para aceptar el argumento de la defensa, que pretendía acreditar un presunto trastorno mental de la imputada para que fuera internada en un centro de salud mental en lugar de permanecer en el penal femenil.
En el mismo caso, el esposo de Liliana “N” fue detenido por obstrucción de la justicia, aunque posteriormente recuperó su libertad.
Este caso pone en evidencia la persistente violencia hacia los animales y la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la justicia para garantizar el respeto a los derechos de los seres vivos, en un contexto donde la impunidad suele prevalecer. La movilización social y la vigilancia ciudadana son fundamentales para que hechos como este no queden en la impunidad.