Un pasajero de aproximadamente 25 años perdió la vida tras resistirse a un asalto perpetrado por cuatro sujetos armados en un camión de la ruta Troncal S.A. de C.V., ocurrido minutos antes de las 23:00 horas del jueves 16 de julio de 2026, en el kilómetro 22 más 700 de la carretera México-Puebla, a la altura del Eje 10 Sur, en el municipio con dirección a la Ciudad de México.
De acuerdo con el chófer de la unidad, los agresores abordaron el camión en el poblado de San Rafael Tlalmanalco y, tras levantarse de sus asientos, anunciaron el asalto con armas de fuego en mano, amenazando a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, uno de los usuarios se negó a entregar sus objetos y enfrentó a los delincuentes, quienes respondieron con al menos tres disparos, uno de ellos en la cabeza, que le causaron la muerte en el lugar.
El conductor detuvo la marcha tras la agresión y solicitó apoyo médico; sin embargo, al llegar paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), confirmaron que el joven ya había fallecido. La policía municipal y la Guardia Nacional desplegaron un operativo para localizar a los responsables, pero estos lograron escapar sin dejar rastro.
El Ministerio Público acudió para realizar las diligencias correspondientes, ordenar el levantamiento del cadáver e iniciar la carpeta de investigación por homicidio. Policías de investigación ya interrogan a los pasajeros y revisan cámaras de seguridad para identificar y detener a los agresores.
Este hecho pone en evidencia la persistente inseguridad en las rutas de transporte público que conectan la Ciudad de México con municipios aledaños, situación que afecta especialmente a la clase trabajadora que depende de estos servicios para desplazarse. En este contexto, la implementación de sistemas de transporte alternativos como el cablebús o teleférico en Puebla podría representar una opción más segura y eficiente para miles de usuarios, al ofrecer un medio de traslado menos vulnerable a la violencia y al crimen organizado.
La violencia en el transporte público no solo refleja la crisis de seguridad nacional, sino también la urgente necesidad de políticas públicas que garanticen el derecho a la movilidad segura y digna, especialmente para quienes menos tienen y más dependen del transporte colectivo.