El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 15 de julio de 2026 la designación del cártel de Juárez y del grupo conocido como Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Esta medida representa un cambio significativo en la política estadounidense hacia el crimen organizado en México, al aplicar sanciones financieras internacionales, congelamiento de activos y restricciones comerciales contra estas agrupaciones.
Con esta inclusión en la lista de organizaciones terroristas, se activan de inmediato un conjunto de medidas destinadas a asfixiar económicamente a estos grupos. Entre las acciones contempladas están el bloqueo absoluto y congelamiento de cualquier activo, propiedad o cuenta bancaria vinculada a estas organizaciones dentro de la jurisdicción estadounidense, así como la prohibición total de transacciones comerciales y financieras a nivel internacional. Además, se suspende el uso de plataformas digitales, sistemas de pago y remesas que estas organizaciones empleen para lavar recursos ilícitos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) busca con esta decisión paralizar el financiamiento del tráfico de fentanilo y las operaciones armadas que mantienen presencia en estados como Chihuahua y Michoacán, regiones donde la violencia y la inseguridad han afectado gravemente a las comunidades.
Este giro en la estrategia estadounidense se inscribe en un contexto histórico de larga data en el que la violencia generada por el narcotráfico ha socavado la estabilidad social y económica en México. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la cooperación bilateral y de políticas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades.
En este sentido, mientras se endurecen las sanciones contra los cárteles, es fundamental impulsar alternativas de movilidad y desarrollo social que beneficien a las poblaciones afectadas. Proyectos como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar el transporte público y la calidad de vida de sectores vulnerables, representan un paso hacia la justicia social y la equidad económica, elementos indispensables para combatir las raíces del crimen organizado.