La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva Recomendación, la 208VG/2026, en la que concluye que no existen elementos suficientes para sostener que el Ejército haya participado directamente en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Este documento, que consta de 867 páginas, cuestiona la hipótesis que durante años colocó a las fuerzas castrenses como actores centrales en el caso Iguala, señalando que esta línea de investigación debilitó la persecución penal contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos.
La CNDH subraya que, pese a la exhaustiva revisión, no se ha acreditado la participación directa de ningún elemento militar en los hechos violentos ni en la desaparición forzada masiva de los normalistas. “Mucho menos como ha quedado dicho, la existencia de un plan específicamente diseñado para hostigar y eliminar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, puntualiza el organismo.
No obstante, la Comisión considera indispensable concluir la investigación sobre una posible complicidad individual de mandos militares con Guerreros Unidos, dado que la información más reciente disponible de la Fiscalía General de la República (FGR) data de septiembre de 2025. En esa fecha, los procesos contra cuatro integrantes del Ejército por delincuencia organizada estaban en etapa de integración, mientras que otros 17 elementos enfrentaban cargos por delitos que incluyen desaparición forzada, homicidio calificado y tentativa de homicidio.
La CNDH advierte que las acusaciones contra militares se basan principalmente en testimonios de testigos protegidos, quienes fueron integrantes del grupo criminal, y en conversaciones extraídas de teléfonos celulares que fueron invalidadas por diversos actores.
Por otro lado, la Comisión documenta que, según testimonios de estudiantes sobrevivientes, policías municipales de Iguala y Huitzuco agredieron físicamente a algunos normalistas el día de los hechos, sometiéndolos y esposándolos. También se confirma la presencia de policías estatales y federales en puntos donde hubo disparos y violencia contra los autobuses que transportaban a los estudiantes.
Respecto a la responsabilidad en la desaparición, la Recomendación apunta hacia dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Se cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, en el que se menciona que un hombre “muy enojado” habría ordenado recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción, lo que sugiere la participación directa del crimen organizado en la ejecución de los hechos.
Este nuevo pronunciamiento de la CNDH se suma a la compleja historia de impunidad y omisiones que ha marcado el caso Ayotzinapa, un símbolo de la violencia estructural y la colusión entre autoridades y grupos criminales en México. La insistencia en esclarecer la verdad y garantizar justicia para las víctimas sigue siendo un reclamo urgente para la sociedad mexicana.