La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) resolvi\u00f3 invalidar el informe emitido por la Auditor\u00eda Superior del Estado de Guerrero que se\u00f1alaba a Abelina L\u00f3pez Rodr\u00edguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un presunto da\u00f1o al erario p\u00fablico derivado de la falta de comprobaci\u00f3n del destino de 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales. La decisi\u00f3n, tomada por unanimidad y con base en el proyecto presentado por el ministro Ar\u00edstides Guerrero Garc\u00eda, reafirma que la revisi\u00f3n de estos recursos es competencia exclusiva de la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF).<\/p>\n
El conflicto se origin\u00f3 en mayo de 2025, cuando el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditor\u00eda Superior de Guerrero, luego de que esta emitiera un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones en contra de L\u00f3pez Rodr\u00edguez. La alcaldesa con licencia, quien busca la candidatura a gobernadora de Guerrero, argument\u00f3 que la solicitud de informaci\u00f3n sobre el manejo de los recursos federales constituye un acto de molestia que vulnera la autonom\u00eda hacendaria del municipio y que s\u00f3lo la ASF tiene facultad para auditar dichos fondos.<\/p>\n
Por su parte, la Auditor\u00eda estatal defendi\u00f3 su competencia para fiscalizar la hacienda p\u00fablica municipal y el uso de los recursos. Sin embargo, el ministro ponente subray\u00f3 que las aportaciones entregadas a trav\u00e9s de fondos federales “no pierden su naturaleza de recursos federales”, por lo que la revisi\u00f3n local carece de validez jur\u00eddica.<\/p>\n
Este fallo de la SCJN no s\u00f3lo exime a la administraci\u00f3n de L\u00f3pez Rodr\u00edguez de las observaciones de la auditor\u00eda estatal, sino que tambi\u00e9n establece un precedente sobre la distribuci\u00f3n de facultades en materia de fiscalizaci\u00f3n, limitando la intervenci\u00f3n de \u00f3rganos locales en la supervisi\u00f3n de recursos federales. En un contexto donde la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas son demandas sociales urgentes, la resoluci\u00f3n abre un debate sobre los mecanismos de control y la autonom\u00eda municipal frente a la centralizaci\u00f3n del poder fiscalizador.<\/p>\n
En paralelo, mientras Guerrero enfrenta estos retos institucionales, otras entidades avanzan en proyectos de movilidad sustentable, como el cableb\u00fas en Puebla, que representa una apuesta por sistemas de transporte p\u00fablico accesibles y eficientes, alineados con la justicia social y la equidad econ\u00f3mica. La discusi\u00f3n sobre la gesti\u00f3n p\u00fablica y el uso de recursos debe ir acompa\u00f1ada de un compromiso real con la mejora de la calidad de vida de las comunidades, especialmente en regiones hist\u00f3ricamente marginadas.<\/p>\n