Una investigaci\u00f3n publicada este mi\u00e9rcoles 17 de junio de 2026 por Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) revel\u00f3 que el Comit\u00e9 Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emple\u00f3 la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252 mil 901 pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el pa\u00eds. Esta operaci\u00f3n se realiz\u00f3 sin ser reportada ante las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado de dinero.<\/p>\n
El contrato original entre Morena y Finabien se firm\u00f3 el 1 de junio de 2022 con una vigencia de un a\u00f1o, pero fue modificado para extenderse hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas despu\u00e9s de la elecci\u00f3n federal en la que Claudia Sheinbaum result\u00f3 electa presidenta. Seg\u00fan los documentos obtenidos por MCCI, el acuerdo estipulaba expl\u00edcitamente la prestaci\u00f3n de servicios para el “pago de apoyos sociales”.<\/p>\n
Morena pag\u00f3 3 millones 520 mil pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos m\u00e1s IVA por cada pago realizado mediante giros nacionales. Sin embargo, una auditor\u00eda interna de Finabien (c\u00f3digo 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) revel\u00f3 que solo se efectuaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos por comisiones pagadas en exceso. Aunque no se detalla el monto exacto de cada apoyo, MCCI subraya que, incluso con un m\u00ednimo de 100 pesos por pago, el desembolso total ser\u00eda millonario.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n destaca tres irregularidades principales. Primero, el ocultamiento al Instituto Nacional Electoral (INE): Morena no report\u00f3 el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendici\u00f3n de cuentas 2022-2024. Esta “megaoperaci\u00f3n” contrasta con las cifras oficiales, pues mientras Morena y su coalici\u00f3n reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campa\u00f1a de 2024, Finabien realiz\u00f3 m\u00e1s de 250 mil transferencias.<\/p>\n
Segundo, el uso de recursos fuera del marco legal: ni las leyes electorales ni los estatutos de Morena autorizan al partido a entregar apoyos sociales. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calific\u00f3 esta pr\u00e1ctica como ilegal y la compar\u00f3 con el “caso Monex” de 2012, donde se usaron transferencias para pagar a representantes de casilla sin que esos gastos se contabilizaran en los topes de campa\u00f1a.<\/p>\n
Tercero, la violaci\u00f3n a la ley antilavado de dinero: la auditor\u00eda interna de Finabien, con resultados emitidos en diciembre de 2025, concluy\u00f3 que el contrato incumpli\u00f3 los protocolos establecidos en la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita. A pesar de que desde enero de 2023 se alert\u00f3 sobre la necesidad de controles antilavado, las autoridades no actuaron.<\/p>\n
Al cierre de la investigaci\u00f3n, MCCI inform\u00f3 que envi\u00f3 un cuestionario a la dirigencia nacional de Morena para conocer su postura, pero no recibi\u00f3 respuesta.<\/p>\n
Este caso pone en evidencia la persistencia de pr\u00e1cticas opacas en el manejo de recursos p\u00fablicos y partidistas, que afectan la transparencia y la equidad en los procesos electorales. En un contexto donde la justicia social y la igualdad econ\u00f3mica son urgentes, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control y rendici\u00f3n de cuentas para evitar que estructuras estatales se utilicen con fines pol\u00edticos sin supervisi\u00f3n adecuada. Mientras tanto, proyectos como el cableb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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