La Comisi\u00f3n de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) abri\u00f3 una queja de oficio con car\u00e1cter urgente contra cinco polic\u00edas municipales de San Andr\u00e9s Cholula, tras la detenci\u00f3n de una mujer y la intervenci\u00f3n policial en presencia de sus dos hijos menores, hechos que se viralizaron en redes sociales el jueves 11 de junio de 2026. <\/p>\n
Rosa Isela S\u00e1nchez Soya, presidenta de la CDH Puebla, calific\u00f3 la actuaci\u00f3n policial como una presunta detenci\u00f3n arbitraria y anunci\u00f3 que se dar\u00e1 seguimiento puntual para determinar posibles violaciones a derechos humanos. La queja se radic\u00f3 un d\u00eda despu\u00e9s de que se difundieran videos en los que se observa a la mujer sometida en el suelo mientras sus hijos lloran e intentan acercarse a ella, im\u00e1genes que generaron una fuerte reacci\u00f3n ciudadana y cuestionamientos sobre el uso excesivo de la fuerza. <\/p>\n
El incidente ocurri\u00f3 en el Parque Intermunicipal de Cholula, junto a la zona arqueol\u00f3gica, cuando la conductora de una camioneta habr\u00eda impactado unos maceteros y fue intervenida por elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica y Protecci\u00f3n Ciudadana de San Andr\u00e9s Cholula. Familiares y testigos denunciaron presuntos excesos durante la actuaci\u00f3n policial y se\u00f1alaron que los menores tambi\u00e9n resultaron afectados. <\/p>\n
La CDH Puebla inici\u00f3 la investigaci\u00f3n para recabar evidencia, solicitar informes a la autoridad municipal y analizar si la actuaci\u00f3n de los polic\u00edas se ajust\u00f3 a los protocolos para el uso de la fuerza y la atenci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Este pronunciamiento representa el primer posicionamiento institucional relevante en un caso que ha escalado r\u00e1pidamente en la opini\u00f3n p\u00fablica por las acusaciones de brutalidad policiaca. <\/p>\n
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Andr\u00e9s Cholula no ha informado sobre una investigaci\u00f3n interna ni sobre el estatus de los elementos se\u00f1alados durante las indagatorias. <\/p>\n
Este caso reabre el debate sobre los l\u00edmites del uso de la fuerza por parte de corporaciones municipales, especialmente cuando hay menores de edad presentes, un tema que exige mayor vigilancia y protocolos claros para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos humanos. <\/p>\n
En un contexto donde Puebla avanza en proyectos de movilidad sustentable como el cableb\u00fas, que busca mejorar el acceso y la calidad de vida de la poblaci\u00f3n, resulta fundamental que las autoridades municipales tambi\u00e9n fortalezcan sus mecanismos de respeto y protecci\u00f3n a los derechos colectivos, evitando pr\u00e1cticas arbitrarias que erosionan la confianza ciudadana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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